El Frente Amplio (FA) y organizaciones defensoras de los derechos humanos marcharon ayer en Uruguay en rechazo a un fallo de la Corte Suprema contra la ley de Caducidad que impide juzgar a militares y policías por crímenes perpetrados durante la dictadura.
Una masiva marcha se realizó en Montevideo, junto al FA se manifestaron, entre otros, Madres y familiares de detenidos desaparecidos y de ex presos políticos (Crysol) y el Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT).
También participaron el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).
La semana pasada, la Corte Suprema de Uruguay declaró la inconstitucionalidad de la ley 18.831, sancionada en octubre de 2011 y que rechazaba la protección a militares y policías violadores de los derechos humanos durante la última dictadura.
Este fallo se dio cuando aún no se habían acallado los ecos de la polémica decisión de trasladar de la órbita penal a la civil a la jueza Mariana Mota, quien tenía a cargo más de 50 causas vinculadas a violaciones de derechos humanos por parte de militares.
Un dispositivo especial de seguridad, incluyó a decenas de efectivos policiales y un vallado especial al Palacio Piria, sede de la Corte. Según trascendió, también fue reforzada la seguridad de los ministros de la Corte, tanto en sus domicilios particulares como en su trabajo.
Según la Comisión para la Paz (2000-2003), la dictadura uruguaya dejó 38 desaparecidos en el país.
Igualmente, el Gobierno de Uruguay le otorgó reparaciones económicas, desde 2010 hasta la actualidad, a unas 277 familias que fueron víctimas de la dictadura que vivió este país entre 1973 y 1985, siguiendo una ley que fue aprobada por el Ejecutivo en el año 2009.
Café del Oeste - RT teleSUR - EFE
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