El manejo oficial en la situación de la nena de once años de la provincia de Entre Ríos, que quedó embarazada por una violación y a la que se negó la práctica de un aborto, como vemos, es un desastre. La familia de la nena es de la localidad entrerriana cercana a Concordia. El embarazo fue detectado en el Hospital de San Salvador, cuando fueron a consultar porque la pequeña tenía dolores abdominales, en ese ámbito la madre planteó que no quería que su hija continuara con la gestación. La menor relató luego que había sido abusada sexualmente y señaló como culpable a un adolescente de 17 años, amigo de un vecino de su abuelo. Pero el hospital no accedió al pedido de aborto no punible. Y el caso se judicializó. Estuvo sin resolución cuatro días en el juzgado de Familia de Concordia, a cargo del juez Raúl Tomaselli.
Finalmente, después de varios días, la madre desistió del pedido de aborto. Según denunció la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y otras entidades, la mujer habría tomado la decisión de dar marcha atrás presionada en el ámbito judicial y por las repercusiones mediáticas del caso.
Según nos enteramos en las últimas horas, habrían algunas entidades que estarían analizando denunciar penalmente o promover juicio político a los funcionarios públicos que no allanaron la interrupción legal del embarazo requerida en un primer momento, entre ellos el señor Hugo Cettour, Ministro de Salud de dicha provincia, quien dijo que "la naturaleza es sabia, una vez que tiene su primera menstruación el cuerpo está preparado". Pero no podemos olvidar y mucho menos pasar por alto que la concepción fue en contra de su voluntad y que psicológicamente una nena de once años no puede en ningún sentido estar preparada para afrontar las responsabilidades de la maternidad. Esto es lo que Fernanda Sandez llama en su artículo "el efecto matrioshka"
Como ya sabemos, se trataba de un aborto no punible, contemplado en los permisos previstos en el artículo 86 del Código Penal, dado que el embarazo provenía de un abuso sexual.
El Espacio Carta Abierta difundió su posición sobre tema: “Su embarazo puso a prueba el modo en que algunas instituciones resuelven este hondo drama personal y familiar, impidiendo con una suma de arbitrariedades y presiones la interrupción de la gestación en un caso en que no es punible, superadas ya las 12 semanas de gestación”. La gestación actualmente ronda las 13 semanas. “Esto es un ejemplo más de la desigualdad a que las personas de menores recursos se ven enfrentadas para tener el acceso adecuado e igualitario a la salud. La recurrente problemática nos obliga a instar a las máximas autoridades del área de salud de la Nación a disponer de los recursos médicos, en casos como el presente, para que en los hospitales públicos del país se aplique la ley sin reiterar pasos dilatorios inadmisibles, que pueden ocasionar daños irreversibles a las víctimas” concluyó el grupo de Carta Abierta, quienes tiempo atrás reclamaron la discusión parlamentaria de la despenalización del aborto en el país.
El caso sigue a pasos agigantados, en Facebook ya se formó el grupo “Pedí la renuncia del ministro de Salud de Entre Ríos”. Mientras que hoy a las 18 está convocado un escrache en la ciudad de Buenos Aires, frente a la Casa de la Provincia de Entre Ríos (Suipacha 844). Hasta tanto, seguimos sin discutir una ley de 1922.
Lía Carrizo
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