Censura en Catamarca

El viernes por la mañana integrantes de la asamblea vecinal de Tinogasta, en la provincia de Catamarca, fueron reprimidos por la policía provincial mientras realizaban un corte de ruta tratando de impedir el paso de camiones que se dirigían a la minera La Alumbrera. En un estado de alerta constante y permanente, los integrantes de la asamblea el algarrobo, en Andalgalá, manifestaron su preocupación por el accionar del estado a quien calificaron de “cómplice de las empresas”.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) reclama que en medio de la conflictiva situación que se vive en las localidades de Andalgalá, Belén y Tinogasta (Provincia de Catamarca) por las protestas sociales contra los emprendimientos de megaminería, no se atente desde el Estado contra la libertad de expresión y se permita el trabajo profesional con total libertad de aquellos manifestantes ambientalistas que cumplen funciones informativas y colaboran en la difusión de los hechos a través de los medios comunitarios.
Los habitantes de las localidades catamarqueñas involucradas en el conflicto, así como el resto de los habitantes de la provincia y de todo el país, tienen el derecho a recibir información plural y veraz en relación al tema de la megaminería y los planteos de las organizaciones ambientalistas. Son varios los indicios recibidos en relación a que los medios provinciales en Catamarca y otras provincias donde se están desarrollando emprendimientos mineros y donde se dan conflictos con sectores ambientalistas, no están respetando los estándares profesionales de pluralismo, y es por eso que se hace necesaria la tarea de los circuitos informativos asociados a las asambleas y grupos ambientalistas.
Como ya señaló FOPEA hace dos años, en ocasión de un conflicto similar en Andalgalá, los fuertes intereses económicos y sociales relacionados con el tema de la minería en varias provincias argentinas están funcionando, a veces, como una mordaza para varios periodistas que intentan ofrecer una visión que refleje las diferentes posiciones del conflicto. Tanto empresas del sector y funcionarios de los gobiernos provinciales y municipales, como algunos directivos de medios y la reacción de algunos grupos de manifestantes, han coartado en muchos casos la labor profesional del periodismo.
El Ministro de Gobierno y Justicia de Catamarca, Francisco Gordillo, negó que haya existido censura a periodistas. Sin embargo, anoche, desde Radio El Algarrobo, de Andalgalá, se denunció que ingresó la policía y cortó la transmisión.
En los recientes episodios de Catamarca, varios manifestantes ambientalistas que cumplen tareas informativas y de comunicación social fueron detenidos en varias ocasiones por la Policía provincial en procedimientos sumamente agresivos y con un inusual despliegue de la fuerza represiva. Además, los integrantes de la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá, denunciaron que la emisora La Voz del Algarrobo, que se transmite por FM 105.3, fue interferida por más de 10 horas desde la noche del jueves 9 de febrero y que recibieron una gran cantidad de amenazas a través de mensajes de texto y llamados telefónicos. Los cortes en la transmisión provocaron que la emisora no pudiera ser escuchada en varias de las zonas aledañas a Andalgalá, lo cual implica un grave atentado a la libertad de expresión, especialmente en momentos en que habían sido detenido decenas de manifestantes en las adyacencias de Belén. Los integrantes de la Asamblea continuaron su transmisión por Internet, gracias a la colaboración de otras organizaciones integrantes de la Red de Medios Alternativos que redistribuyeron la señal.
Los medios solicitamos a las autoridades de Catamarca y del Gobierno nacional que, al mismo tiempo que aseguren la paz social en la provincia y la libertad de manifestación, garanticen las condiciones para que no se continúe deteriorando la libertad de expresión, derecho básico fundamental para el sistema democrático.
Por otra parte, exigimos se respeten los derechos humanos de los ciudadanos por la presunta aplicación por parte de la justicia local de la “Ley Antiterrorista”, sancionada en diciembre pasado por el Congreso de la Nación. Cuestionamos dicha medida y hacemos extensa nuestra preocupación ante la aplicación de esta legislación represiva por parte del Estado ante la protesta social.

Café del Oeste

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